El Gobierno confirmó que se encuentra estudiando la posibilidad de crear una cárcel especial para presos de pueblos originarios, una idea que le fue planteada por parlamentarios pensando, principalmente, en los comuneros mapuche encausados por distintos delitos en la Macrozona Sur.
La idea le fue planteada al Gobierno el pasado 9 de septiembre por el diputado Leonardo Soto (PS), durante un almuerzo que, junto a sus pares Lorena Pizarro (PC) y Gonzalo Winter (CS), sostuvo con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el subsecretario Gajardo, para conversar sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuche: «¿Por qué no avanzar en habilitar una cárcel sólo para personas de origen mapuche?», propuso entonces el legislador socialista.
La ministra Ríos comentó que «esta ha sido una solicitud que proviene directamente desde el Congreso, de distintos parlamentarios de manera transversal».
«Acá no existe una visión única, nosotros estamos evaluando de acuerdo a la normativa nacional e internacional, si esto es posible y también estamos evaluando los posibles costos, el presupuesto que se requiere», añadió.
Ríos dijo que «una vez que tengamos la propuesta integral vamos a volver a sentarnos con los parlamentarios que nos han solicitado esto para tener un plan más acabado».
La factibilidad normativa para proceder ya está confirmada, por lo que el Ejecutivo sólo tendría que dictar un decreto supremo para crear el nuevo penal, sin embargo, se están realizando una serie de pasos previos, tales como establecer puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras y con organizaciones de derechos humanos.
REACCIONES DEL CONGRESO
La alternativa tomó fuerza porque hay voces de oposición que también la impulsan.
El 28 de septiembre, en medio de un almuerzo que la ministra y el subsecretario tuvieron con parte de la bancada transversal de La Araucanía, el diputado Miguel Mellado (RN) les propuso que deberían pedir que Bienes Nacionales cediera un terreno en las afueras de alguna ciudad de la Región de La Araucanía, para instalar allí una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural.
La diputada Ericka Ñanco (FA) dijo que «esta es una opción que está en proceso de evaluación y como tal, debe ajustarse por sobre todas las cosas al convenio 169 de la OIT. Es así como se hace indispensable realizar procesos de consulta con las comunidades, primero que todo, y también con los familiares de quienes hoy día están privados de libertad».
«Más allá de lo que puedan opinar parlamentarios o parlamentarias de la zona, necesitamos escuchar a las comunidades y cuáles son las demandas reales en este tipo de materias», añadió.
Sin embargo, desde la UDI, el diputado Henry Leal comentó que «no soy partidario que se creen cárceles especiales para pueblos originarios, yo sí creo que en las cárceles hay que segregar de acuerdo al compromiso delictual; los primerizos en un sector, las personas que han sido condenadas y que tienen un comportamiento reiterado, en un lugar distinto. Pero no estoy de acuerdo con crear cárceles especiales para un grupo, porque mañana va a tener que crear para los extranjeros y no, yo creo en la igualdad ante la ley sobre todo y espero que esto no sea parte de la mesa de seguridad».
FUENTE: Cooperativa.cl
