El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Roberto Antonio Mejías Alvear a la pena de 7 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de abuso sexual contra menor de 14 años, en carácter de reiterado, ilícito perpetrado entre los años 2009 y 2012, en la comuna.
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados José Ignacio Rau Atria (presidente), Luis Torres Sanhueza y Leonel Torres Labbé (redactor)– dispuso además al condenado el pago de las costas y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo que dure la condena.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente entre agosto de 2009 y agosto de 2012, en el interior del domicilio del acusado, ubicado en el macrosector de Labranza de la comuna de Temuco, Roberto Mejías Alvear efectuó, en reiteradas oportunidades, actos de relevancia y de significación sexual consistentes en tocaciones en contra de la víctima, menor de edad nacida el 10 de Agosto de 2002, mientras ésta se encontraba acostada al interior de un dormitorio.
Además, en horas de la noche del verano de 2010, mientras la segunda víctima, menor de edad nacida el 26 de mayo de 2000, se encontraba de visita en el mismo domicilio, fue trasladada por el acusado al baño del inmueble, efectuando actos de relevancia y de significación sexual a la ofendida.
Asimismo, se impuso al condenado la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oídos como parientes en los casos que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal.
Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros, cada tres meses, su domicilio actual. Y, como medida de protección a las víctimas, se le prohíbe aproximarse a las ofendidas, visitar sus domicilios o el lugar de sus trabajos, por el lapso de 2 años a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada.
El tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.