A seis meses de una fallida diligencia realizada por la Fiscalía en Lumaco, región de La Araucanía, y pese a la petición realizada por su madre, aún no han podido ser exhumados los restos del joven integrante de la CAM, Pablo Marchant, para someterlos a una pericia solicitada por la familia.
En específico, Marchant fue abatido en un enfrentamiento con Carabineros tras un atentado incendiario perpetrado en un predio forestal el 9 de julio del 2021 en Carahue.
El 04 de septiembre del año pasado debió ser abortada una diligencia luego que la comitiva liderada por el fiscal Jorge Calderara, dónde también había personal del Servicio Médico Legal, que intentó realizar una pericia de prefactibilidad en el Fundo Pidenco de Lumaco, fue recibida a balazos por un grupo de encapuchados armados.
En esta causa es querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo jefe regional en La Araucanía, Federico Aguirre, aseveró que la exhumación de “es una diligencia que nosotros entendemos, como parte querellante, que se encuentra pendiente”.
La diligencia de prefactibilidad fue realizada en cumplimiento a una orden del Juzgado de Garantía de Carahue, que busca realizar peritajes porque la familia de Pablo Marchant tiene dudas sobre cómo se produjo su deceso.
Pese al compromiso asumido en su momento por la Delegación Presidencial Regional y el Ministerio Público de realizar lo antes posible la diligencia, esta no se ha vuelto a realizar y los restos de Pablo Marchant no han podido ser sacados de ese lugar.
