La diputada Karol Cariola se encuentra en el centro de la polémica por su vinculación al caso Sierra Bella, donde habría jugado un rol importante en el impulso de la compra de la clínica por parte de la Municipalidad de Santiago.
Pero en las indagatorias, la PDI detectó conversaciones por WhatsApp en las que Cariola le habría solicitado a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), favores vinculados a la gestión para obtener patentes municipales con un empresario chino, el cual sería un amigo de la diputada.
Lo anterior califica como un presunto delito de tráfico de influencias por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados.
Cristian Riego, abogado penalista de la Universidad Diego Portales, explica que este delito «se configura cuando un funcionario público le pide a otro funcionario público que favorezca de alguna manera a sus propios intereses o los de alguna persona, como un pariente o asociado», como habría ocurrido con el empresario que supuestamente apoyó la campaña de la diputada Cariola.
Con respecto a las penas, Riego agregó que las penas asociadas a este delito «no son tan altas» y, en general, se encuentran «por debajo de los cinco años». En su opinión, este tipo de delitos no suelen llevar a prisión preventiva, ya que las penas son menores y las personas imputadas podrían cumplirlas mediante formas de cumplimiento alternativo, salvo que existan agravantes o circunstancias adicionales que aumenten la gravedad del caso.
Alejandro Leiva, abogado penalista de la Universidad Finis Terrae, enfatizó en que «como ella es diputada, previo a cualquier procedimiento, previo a su formalización, primero hay que desaforarla, para ver la plausibilidad de lo que se le acusa». Leiva añadió que «una vez desaforada, se la formaliza por el delito, y ahí recién se pueden discutir medidas cautelares, (…) la más grave sería la prisión preventiva, si es que arriesga una pena efectiva, pero me da la sensación de que este no es un delito que merece la pena de crímenes».
FUENTE: Emol.cl
