Desde el ángulo que se observe, la violencia contra la mujer es un problema que sin distinción alguna nos afecta a todos en el planeta. Según la OMS, 1 de cada 3 mujeres la ha experimentado física o sexualmente en algún momento de su vida, la mayoría a manos de la pareja o algún familiar. Cifras que alarman y exigen acciones coordinadas y urgentes.
Prueba de lo anterior, es que, durante el confinamiento causado por la pandemia, se pudo contener la enfermedad, pero no el virus del aumento de la agresión doméstica y la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de abuso.
Y a sea domestica o sexual, en lugares de estudio o trabajo, la violencia es devastadora, destruye familias y sociedades afecta la salud física y mental, aniquila los derechos fundamentales de sus víctimas, desequilibra la balanza del poder perpetuando estereotipos de género y roles sociales discriminatorios. Limita su participación en la educación, el empleo y la vida pública, también tiene un impacto significativo en la economía y el desarrollo de las sociedades, al restringir el potencial y la contribución de las mujeres a nivel profesional, social y comunitario.
Este es un problema social que nos afecta a todos, el año pasado las autoridades indicaron que en Chile entre los años 2021 y 2022, los índices de violencia intrafamiliar aumentaron en un 6%, los de abuso sexual en un 39%, y las violaciones un 23%, según el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, este 2023 se han registrado 137 femicidios frustrados.
Desde hace 30 años, las Naciones Unidas reconoce las agresiones contra la mujer como una violación de los derechos humanos y establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas, siendo definida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En este sentido, es fundamental que los Estados fortalezcan sus marcos legales y políticas para garantizar la protección de las mujeres, así como el acceso a servicios de apoyo y atención. La colaboración y coordinación entre los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y organismos internacionales, es esencial para enfrentar este flagelo.
Además, es crucial promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la formulación de políticas que afectan su vida y su seguridad. La participación y el liderazgo femenino son fundamentales para impulsar cambios significativos en la lucha contra la violencia de género, así como para garantizar que las respuestas y soluciones sean inclusivas y orientadas a las necesidades reales de las mujeres.
Por último, es vital promover una cultura de respeto, igualdad y no violencia en todos los ámbitos de la sociedad. Esto implica transformar normas y prácticas que perpetúan la desigualdad de género, así como fomentar la educación y la promoción de modelos positivos de masculinidad no agresivo. La sensibilización y la movilización social son aspectos claves para generar conciencia, promover cambios de actitud y comportamiento, eliminando barreras sociales que nos llevan a reiterar errores cometidos a través del tiempo.
Garantizar un mundo libre de violencia para todas las mujeres es un imperativo ético y una condición indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, justas y equitativas.
