Por Felipe Martínez Reyes, administrador Público y psicoeducador; ex consejero regional de La Araucanía.
La Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento cerró su período de trabajo durante casi dos años sin haber logrado el insumo mínimo para un nuevo planteamiento: conocer a ciencia cierta la cantidad de tierras que se han entregado mediante ley indígena.
Lamentablemente, la Conadi aún no ha sido capaz de transparentar cuánta ha sido la cantidad de tierras entregadas, la georreferenciación exacta de las mismas, o la situación actual de habitabilidad de las comunidades.
Es decir, este órgano encargado de hacer cumplir la ley número 19,253 no cumple con las exigencias mínimas de transparencia de cara a la ciudadanía, ni fue capaz de brindar la valiosa información para que los Comisionados puedan proyectar soluciones definitivas.
Sin este insumo fundamental, la Comisión no debería haber culminado su trabajo, toda vez que es esencial evaluar el comportamiento y efectividad de la ley actual, a fin de reformarla.
El producto final de la Comisión ha resultado en más de lo mismo. El informe reconoce la vigencia de una deuda jurídica que es realmente impagable, la cual, seguirá creciendo con el paso del tiempo al formarse nuevas comunidades conforme a la ley.
Un aspecto favorable de todo este proceso ha sido comprender que, no es viable continuar
con la política de entrega de tierras y que, además, es insostenible tanto moralmente como
jurídicamente. Me explico a continuación:
Todos los sistemas legales del mundo aplican un criterio unívoco en cuanto a que la responsabilidad penal es de orden individual y no se traspasa a los hijos o demás
descendientes. Es decir, si un adulto comete un delito, sólo él debe pagar la consecuencia que diga la justicia, no sus hijos ni descendientes.
Por tanto, en virtud de este principio legal universal, es absolutamente incoherente que la generación actual deba concurrir a saldar una deuda que ellos no generaron, tampoco sus padres ni abuelos, sino que se trata de hechos bastante remotos. Es injusto exigir que la generación actual de trabajadores, empresarios y familias, deban aportar sus recursos en saldar una deuda de la cual no son responsables.
Pretender que los chilenos paguemos cuatro mil millones de dólares más, sin razón alguna, es inmoral. No es posible continuar avalando un mecanismo que nunca ha contribuido a la paz en la macrozona sur y cuyo órgano principal -Conadi- ha presentado un absoluto desdén hacia los chilenos.
En cambio, La Araucanía requiere una mayor inversión pública y también privada, que permita el crecimiento económico, dejando atrás esta política fracasada e injusta. Ya es hora de un cambio de verdad.
