A dos años del llamado estallido social, que remeció al país el 18 de Octubre del 2019, Chile continúa con una deuda pendiente, evitar que las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado contra decenas de ciudadanos queden en la impunidad.
La falta de justicia respecto a las causas de Derechos Humanos es la herida abierta de esta revuelta, que hizo despertar a una generación empoderada exigiendo dignidad para sobrevivir en un sistema depredador.
Esta herida sigue generando dolor en miles de familias, muchos de los cuales perdieron a sus seres queridos, otros fueron torturados o sufrieron daños oculares severos en medio de la refriega con agentes del Estado.
Quizás nadie imaginaba que el llamado “Tigre de Latinoamérica” iba a liberarse de las cadenas para salir a las calle a rebelarse ante lo establecido, a mostrar sus afilados colmillos a un Gobierno y a un Estado ausente, sordo y ciego.
“Cabros…esto no prendió” se escuchaba por televisión mientras las cacerolas se hacían sentir en todas las ciudades, exigiendo pensiones, salud, educación, viviendas dignas, entre otros. En Temuco el epicentro de las primeras manifestaciones fue calle Montt, muy cerca de Caupolicán, donde las barricadas pasadas las 18 horas mostraban que sería un día largo y una noche aún más extensa.
Sebastián Smart, jefe subrogante de la sede de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en La Araucanía, detalla que en el contexto de violaciones a los DDHH del estallido, se presentaron 162 querellas, que representan a 172 víctimas.
“De estas causas hay solo cuatro que están formalizadas, con un total de ocho imputados y seis víctimas. Hay ocho causas que han sido sobreseídas, donde la Fiscalía ha decidido no perseverar, esto ha sido acogido por los tribunales y ya han sido cerradas. En otras seis causas la Fiscalía solicitó lo mismo, nosotros nos hemos opuesto y se han reabierto”, dice Smart.
CAMINO A LA IMPUNIDAD
–¿Como organismo de Derechos Humanos cómo asumen la escasa cantidad de causas con imputados formalizados?
–Es muy baja a nivel nacional y obviamente eso también se refleja a nivel regional. Menos del 1% de las causas han sido formalizadas y a dos años del inicio del estallido social, solamente tres casos a nivel nacional han llegado a condena efectivamente. Es algo que nos preocupa, como Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos dicho que con este tipo de cifras en materia de justicia estamos más cerca de la impunidad que de las obligaciones del Estado en materia de perseguir, condenar y sancionar las violaciones a los DDHH.
–¿Las instituciones uniformadas han colaborado en la entrega de información para aclarar estos hechos?
–En la información que solicita la Fiscalía, Carabinero cumple con el deber legal de entregar la información, pero también somos conscientes que las investigaciones internas por parte de Carabineros no han llegado a un buen puerto respecto al esclarecimiento de los hechos. Acá hay causas que son muy distintas y tenemos problemas a nivel nacional. Por ejemplo respecto a carabineros que habrían disparado perdigones, ha costado mucho lograr la información respecto a cuáles son los funcionarios que estaban en ciertos lugares específicos, esa información se tiende a no entregar directamente, lo que hace más difícil cada una de las investigaciones.
–¿La falta de información podría generar que estos casos queden en la absoluta impunidad?
–Nosotros esperamos lograr justicia. Estamos hablando de causas de violaciones a los Derechos Humanos y acá la obligación del Estado en general –y esto lo dicen los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos– es generar investigaciones con debida diligencia, no estamos hablando de un delito común, estamos hablando de delitos donde están involucrados agentes del Estado y en ese mismo sentido es importante dar una luz de esperanza, porque cuando hablamos de violaciones a los Derechos Humanos, hablamos de hechos que no prescriben del punto de vista penal. Nosotros estamos conscientes que hoy estamos en una primera etapa de estas causas y esperamos que se haga justicia en esta materia. Vamos a insistir que es obligación del Estado y de las instituciones colaborar en las investigaciones.
–¿Cómo se ve Chile desde los organismos internacionales este escaso avance en las causas de violaciones a los DDHH?
–Acá hay reportes posteriores al 18 de Octubre realizados por distintos organismos o agencias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita y estamos a la espera del informe definitivo. El alto comisionado también hizo lo mismo, organismos de la sociedad civil como Amnistía Internacional y son bastante claros en señalar que en Chile existieron violaciones a los Derechos Humanos y que a dos años ha sido muy poco el avance en materia de justicia, verdad y reparación. La verdad en estos casos no tiene que ver con la verdad judicial que lo más probable no se logre determinar en varios de los casos, pero sí dentro de las carpetas se establece que hubo violaciones a los Derechos Humanos sin que se determine cuál fue el agente que lo provocó.
Acá se requieren gestos del Estado de reconocimiento respecto a estas graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos, cuestión que a la fecha tampoco ha existido por parte del Estado. Eso se demuestra no solo en la falta de avances en la materia de justicia, sino también en la falta de Programas de Reparación, a la fecha no existen programas de reparación efectivos para las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos desde el 18 de octubre del 2019.
–¿Resulta urgente que el Estado o el Gobierno de turno creara una Comisión de Verdad y Reparación como fue Valech y Rettig en su momento?
–Es fundamental que eso ocurra. Cuando hablamos de violaciones graves y masivas hay cuatro pilares importantes, una es la justicia y la otra es la verdad. Un tercer paso es el de la reparación efectiva, pero cuando hablamos de reparación, no solo es una reparación económica, también es una reparación integral con la familia de las víctimas. Y un cuarto pilar son las medidas de no repetición, es decir, que esto no vuelva a ocurrir y ahí hay varias cosas pendientes, como reformas importantes a Carabineros, cambios de los protocolos que usa Carabineros en las manifestaciones, hay mucho que avanzar en esta materia.
–Hay abogados que plantean que los Derechos Humanos no solo deberían aplicarse cuando actúa un agente del Estado, sino que también para proteger a las víctimas de los atentados en La Araucanía ¿Comparte esa afirmación?
–El concepto de Derechos Humanos más clásico es una afectación, ya sea física o psíquica, a cualquier persona cometida por un agente del Estado y eso es importante señalarlo, hablamos de cualquier persona que trabaje para el Estado, una mala atención en un hospital público o un hecho de discriminación en un organismo público también son violaciones a los DDHH. El derecho internacional ha avanzado un poco más en el concepto de empresas y Derechos Humanos. Ahí hay principios que hablan de agentes no estatales que también podrían tener responsabilidad en el tema de Derechos Humanos, pensando en grandes empresas que podrían tener afectaciones de este tipo individuales o colectivos. En este tema se ha avanzado, no en normas que sean vinculantes, pero sí al menos en el principio que va en una línea de agentes no estatales.
–En La Araucanía se ha dado toda una discusión, donde los gremios de agricultores y forestales han manifestado que cuando se cometen atentados por grupos armados también se están violando sus Derechos Humanos.
–Ahí eventualmente podría existir o tomar una teoría de una potencial omisión del Estado. La ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, le entrega facultades muy limitadas en cuanto a la acción penal para ciertos delitos muy específicos, por eso en ese punto el INDH no tiene competencias para actuar directamente.
–¿Hay menores afectados en La Araucanía por temas de violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del estallido?
–Sí, hay 21 menores, cinco niñas y 16 niños, a lo que se suman personas pertenecientes al pueblo mapuche, que suman 31 de las 172 víctimas, 22 hombres adultos y siete mujeres adultas. Hay torturas en unidades policiales, apremios ilegítimos, desnudamiento en unidades policiales, entre otros.
