América Latina experimenta un crecimiento demográfico importante y como consecuencia la demanda de agua crece muy rápido, mientras que los recursos hídricos están estáticos o en disminución, lo que provoca problemas de escasez hídrica. Por lo mismo, la combinación de una demanda de agua creciente, especialmente en agricultura y una disponibilidad de agua limpia cada vez menor está impulsando el uso de fuentes de aguas no convencionales, como son las aguas grises.
Desde 2018, existe en Chile la Ley 21075 que busca regular el uso de aguas desechadas de lavamanos, lavavajillas o lavadoras o las llamadas aguas grises que pueden – una vez tratadas – ser utilizadas para riego de jardines, y en algunos casos para el riego de árboles y algunas hortalizas. El agua reciclada es tratada mediante sistema de lodos u otros, luego filtrada y en vez de ser vertida en algún cuerpo de agua o infiltrada, entraría de nuevo en otro ciclo de uso, llegando de nuevo al usuario.
Esta ley pone foco en que la reutilización de agua permite liberar agua potable para otros usos y se estima que la reducción del consumo doméstico podría llegar a un 50%, además de una disminución costo de tarifa agua potable, y generando aplicación de economía circular al agua. Esta ley sería aplicable a sistemas de aguas urbanos y rurales, teniendo múltiples usos en regadío y uso en WC, pero estaría prohibido usarlas para consumo humano, de forma directa en procesos productivos industria alimenticia, o en piscinas.
A raíz de esto, han aparecido varias críticas relacionadas a su alcance, ya que algunos opinan que el origen de aguas grises podría ser más diverso. De acuerdo a estos, al limitarse el origen estrictamente al “domiciliario” se restringen también las opciones tecnológicas de tratamiento y así el potencial de recuperación de aguas, ya que, dicen, la ley hace referencia al origen del efluente y no al proceso tecnológico a usar para alcanzar la calidad requerida por norma. Entonces, por implementación de estos sistemas se complejiza la discusión de re-uso de este recurso, cuando según se dice, técnicamente, los sistemas de tratamiento avanzados, permitirían acondicionar aguas residuales en parámetros que permitan su reutilización para otros fines.
Además existirían vacíos legales, ya que no habría diferenciación de volúmenes de agua a tratar, ni entre sistemas sanitarios urbanos y rurales; requiriéndose adaptación a realidades distintas, además de falta de incentivos económicos para subsidiar el alto costo de construcción y operación de este sistema, lo que desincentivaría su implementación sobre todo urbano. *Actualmente se tramita la entrada en vigencia de su reglamento, a cargo del MINSAL.
Es bien sabido que la gestión hídrica necesita involucrar un gran número de agentes y grupos de interés, los cuales deben cooperar y coordinarse para obtener resultados deseados. Ministerios, instituciones de investigación y universidades, grupos de agricultores y consumidores son sólo algunos ejemplos de actores que necesitan trabajar en conjunto para facilitar el uso productivo y seguro de las aguas residuales en la agricultura, por lo que esta ley viene a poner a prueba ese trabajo conjunto.
Finalmente, sumando y restando, esta ley con sus pros y contras es muy necesaria para regular una nueva fuente de agua, utilizada hace mucho tiempo por otros países como Israel o Australia, además de permitir reducir el sobreconsumo de agua potable en usos que no necesitan tal calidad, y deja abierta la puerta a nuevas tecnologías de tratamiento y por lo tanto a la innovación.
