Para nadie es un misterio que con mucha frecuencia las regiones sienten los efectos de la centralización fiscal, administrativa y política que posee Chile, uno de los países con el nivel de poder más concentrado de Latinoamérica, y aunque es bien sabido que los gobiernos locales son la cara visible del Estado, para proveer servicios y bienes y apoyar al gobierno central en la articulación de políticas públicas, pareciera que éste es sólo un tema reservado para un grupo de provincianos irreverentes y rebeldes.
Sin embargo, según señala la OCDE dos puntos son indispensables para el desarrollo sostenible. Primero, comprender que el crecimiento económico solo no basta para resolver los problemas del planeta: los aspectos sociales y ambientales de cualquier actividad están siempre vinculados. Además que la naturaleza intervinculada del desarrollo sostenible traspasa las fronteras jurisdiccionales y las soluciones inteligentes exigen entonces que haya cooperación como parte del “proceso decisorio” del desarrollo.
En un informe económico, la misma OCDE en 2018, determina que el crecimiento sostenible en Chile debe ser mucho más inclusivo, ya que si bien la pobreza ha disminuido, la desigualdad sigue siendo elevada. Y esta desigualdad se dan en especial en regiones y reflejan las diferencias existentes en la diversificación económica, la calidad de la educación y de las competencias y la prestación de los servicios públicos.
A esto se agrega que existiría una diferencia abismante a nivel de gestión municipal en términos de capacitación y formación técnico profesional que luego derivan en oportunidades desiguales, sobre todo en las regiones con mayor entorno rural. ¡Sí!, la olvidada ruralidad – tema para otra columna-, que es el vagón de cola por excelencia de cualquier política pública en Chile, por donde se mire.
Al analizar políticas más concretas en cuanto a sustentabilidad, por ejemplo de reciclaje, vemos en esta estrategia, también una gran sombra de centralización administrativa y de oferta que afecta enormemente a los emprendimientos. Si alguno de nosotros, por ejemplo, de la zona sur quisiéramos emprender dándole un uso alternativo a ciertos plásticos, quizás podríamos gestionar y aliarnos con algún centro tecnológico de nuestra región u otra cercana, pero si quisiéramos llevar más allá el diseño y el producto sale de ciertos parámetros ya estaríamos obligados a enviarlo a pilotar a Santiago. Justo o no, parece que a la fecha, no ha existido ningún incentivo por trasladar competencias reales a regiones.
Dada entonces la histórica desidia que tiene este tema en Santiago, es evidente que cualquier avance, por ejemplo, la futura una Ley de Rentas Regionales y nuevas atribuciones administrativas de los gobernadores regionales tendrán repercusiones en nuestra calidad de vida, ya que el solo traspaso de una capacidad efectiva de decidir y ejecutar, nos permitirá dar mejor cuenta de la diversidad natural y cultural que caracteriza a cada geografía.
