La jueza de Garantía, Sandra Nehuelcura, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para J.P.V, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, luego de ser aprehendido por mantener armas de guerra, municiones y explosivos en su casa emplazada en la omuna de Traiguén, provincia de Malleco, en la región de La Araucanía.
Hay que precisar que la magistrada prohibió en audiencia revelar el nombre del imputado en este caso, decisión que este medio no comparte, pero que respetamos.
El fiscal Enrique Vásquez formalizó cargos en contra del imputado por cinco delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y explosivos, armas de fuego prohibidas, luego que ayer lunes Carabineros encontrara al interior del inmueble del detenido en Traiguén, un arsenal de armas y explosivos. A ello se suma un delito contemplado en la ley de drogas, luego que la policía halló algunos comprimidos de clonazepam sin la respectiva receta.
Vásquez afirmó que esta causa se originó por una denuncia que recibió personal del OS-7 de Carabineros y que afirmaba que al interior del domicilio del imputado -único morador según la policía- había una plantación de marihuana.
En la audiencia el persecutor precisó que el imputado se negó a un registro voluntario de su propiedad, afirmando que era funcionario del Poder Judicial, lo que encendió las alarmas de los efectivos policiales, quienes se comunicaron con el fiscal y le solicitaron luna 7orden de entrada y registro.
El persecutor penal sostuvo que el informe de un perito armero de Carabineros, número 2-2021, reveló que todas las armas incautadas en el domicilio del imputado están en condiciones de ser disparadas.
El fiscal precisó en la audiencia de formalización que en total fueron incautados más de 600 proyectiles de calibres que van desde el 22mm largo hasta 7.62 mm, pasando por el 9 mm y el 45 mm.
En la audiencia el Ministerio Público exhibió los videos y fotografías de la incautación realizada por personal de Carabineros al interior del inmueble del imputado y también en domicilios vecinos, donde -según la versión del fiscal- el imputado lanzó diversas evidencias como una forma de ocultarlas, esto ocurrió mientras la policía conseguía la orden de entrada y registro.
El Ministerio Público argumentó para pedir la prisión preventiva la gravedad del delito, cuya pena comienza en 5 años y 1 día de presidio, precisando que la misma ley agrava la pena cuando se incautan más de dos armas.
La defensa se opuso a la petición de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, argumentando que su cliente no constituye un peligro para la seguridad de la investigación ni de la sociedad, aseverando que su representado es bombero y que en reiteradas ocasiones lo vio apagando incendios.
“Es una persona correcta, respetuosa, que siempre ha cumplido su función pública y bombero, no podemos decir que por un lado es un peligro y por otro no lo es, se debe hacer un análisis integral”, sostuvo el defensor.
Respecto a la condena por manejo en estado de ebriedad que mencionó el fiscal sobre el imputado, el abogado defensor dijo que el extracto de filiación dice que su cliente no tiene antecedentes ni condenas anteriores, afirmando que se puede reclamar que para estos efectos su cliente tiene irreprochable conducta anterior”.
Agregó que parte de las armas incautadas estaban en inmuebles vecinos y que no existe ningún antecedente que éstas sean propiedad de su cliente.
En su resolución la magistrada calificó de grave que el imputado sea un funcionario del Poder Judicial y que cumpla funciones en ese ámbito, afirmando que las exigencias de comportamiento deben ser más altas que para el resto de la sociedad.
