El Juzgado de Garantía de Collipulli decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 12 detenidos por el delito de secuestro y homicidio, que afectó a dos personas en la región de La Araucanía.
En la audiencia el fiscal regional Roberto Garrido detalló ante el magistrado las torturas a las que fueron sometidos los secuestrados y la participación que tuvo cada uno de los imputados en los hechos indagados por efectivos de la Policía de Investigaciones.
El Ministerio Público informó que el juez estimó que con las declaraciones de la víctima, imputados y otros antecedentes aportados por la Fiscalía como conversaciones entre imputados y familiares de las víctimas, información de georeferenciación de los teléfonos de los detenidos y la evidencia levantada en el sitio del suceso, se dan por acreditados en esta etapa procesal la existencia de todos los hechos y la participación como autores de los imputados en los delitos en los mismos términos planteados por los fiscale.
A 10 de ellos se les imputan dos delitos de secuestro agravado y a dos participación en uno de los secuestros. Además cinco fueron formalizados por infracción a la Ley de Armas y dos por microtráfico.
El juez decretó prisión preventiva para las 12 personas formalizadas por los secuestros por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, para el éxito de la investigación y para la seguridad de las víctimas.
La investigación desformalizada se abrió el 12 de junio cuando una de las víctimas se fugó de sus captores. Y en su relato precisó que él y su compañero fueron contactados por miembros de la comunidad mapuche Choing Lafquenche de Collipulli para arreglar una camioneta.
Uno de los imputados decidió cooperar con las indagaciones y relató a la policía que efectivamente se perdieron unas armas que la comunidad había ocultado en una especie de galpón el día en que fue asesinado el sargento de Carabineros, Francisco Benavides, porque había temor que fueran encontradas por la policía en un allanamiento.
El robo -según el testigo que cooperó con la investigación- generó una discusión al interior de la comunidad, quienes determinaron que los mecánicos habían sustraído el armamento, por lo que decidieron planificar su secuestro para recuperarlas.
Durante el cautiverio los dos hombres fueron sometidos a una serie de torturas por el grupo y uno de ellos asesinado, ya que miembros de la comunidad estaban empecinados en recuperar las armas. Como una forma de hacer desaparecer el cadáver, los sujetos lo descuartizaron y lo pusieron en un recipiente con soda caustica, pero como el proceso para disolverlo era lento, decidieron quemar el cuerpo.
El 12 de junio, pese a estar malherido, el más joven de las víctimas logró escapar del predio para luego dar cuenta a la policía del doble secuestro. El afectado, quien tiene antecedentes penales, ha negado tener participación en robo de las armas que estaban en poder de miembros de la comunidad mapuche.
El imputado que cooperó en el caso entregó a la policía características de las armas que mantenía en su poder la comunidad y hasta ahora serían distintas al calibre usado en el crimen del sargento Benavides, ocurrido en el sector de Curaco, versión que aún es cotejada por el Ministerio Público.
Fuentes cercanas a las indagaciones precisaron que las armas que motivaron el secuestro aún no son encontradas y podrían ser claves para aclarar otros delitos en la zona.
En esta cusa es querellante el Ministerio del Interior a través de la Intendencia de La Araucanía, que estuvo representada en la audiencia por los abogados Luis Hermosilla y Sergio Arévalo. La acción legal del Gobierno es por secuestro y lesiones graves.
Uno de los detenidos se entregó durante esta jornada a Carabineros, se le controló la detención en el tribunal y luego fue formalizado.
