El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a cumplir la pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada al trabajador social Manuel Galito Martínez Jara (de 41 años) como autor del delito de abuso sexual impropio contra un niño de 12 años, hecho ocurrido en 2018 en la comuna de Temuco, región de La Araucanía.
En la resolución adoptada por los magistrados Roberto Herrera, Patricia Abollado y Wilfred Ziehlmann, el profesional también fue condenado “a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad”.
El hecho generó conmoción porque al momento de la denuncia, que fue presentada por familiares de la víctima, el trabajador social se desempeñaba como funcionario de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la Municipalidad de Temuco, encargado de dar protección a los niños y adolescentes.
En la acusación la fiscal Vania Arancibia sostuvo que durante el primer semestre del año escolar 2018, el sujeto “comenzó a acercarse a la víctima, conversando con él diversos temas, invitándolo al cine, y en varias oportunidades a su habitación, lugar en el que en diversas ocasiones abrazó al niño y le dio besos en el pelo”.
La persecutora precisó que “para posteriormente, en el interior de esa dependencia a pedirle al menor que le diera un beso en el (sic) boca, y ante la negativa de éste el acusado de igual forma besó en la boca al niño ya señalado”.
En el juicio oral resultó clave la declaración prestada por la víctima de los hechos, quien relató detalladamente ante los jueces lo ocurrido al interior del dormitorio del inmueble que Martínez Jara arrendaba en Temuco.
El hecho quedó al descubierto cuando el trabajador social le mostró a la familia del menor una carta donde supuestamente el menor denunciaba malos tratos por parte de sus cercanos. Al ser consultado el niño por estos hechos relató a una de sus tías el episodio de abuso que ocurrió al interior del inmueble y sindicó a Manuel Martínez Jara como autor del ilícito.
En tanto, el abogado defensor solicitó al tribunal que su cliente fuera absuelto de los cargos, precisando que su representado había sido injustamente “desacreditado en su honra por el sólo hecho de proteger a un niño frente a la vulneración de derechos que ha sufrido en su entorno familiar, por lo que solicitó que se le absuelva de todos los cargos que se le imputan”.
En el juicio declararon trabajadores sociales, abogados y una psicóloga, afirmando que los antecedentes laborales de Manuel Martínez Jara eran intachables, pero el tribunal desestimó los datos.
