Desde el sábado personal del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros efectúa rastreos en el sector «Los Prados» de Curacautín, para intentar dar con los restos de Paola Alvarado Cortés.
La joven desapareció el nueve de noviembre de 2018 tras ser contactada por el trabajador agrícola, Erwin Aedo Soto, quien está detenido como presunto autor del crimen.
El fiscal jefe de Curacautín Iván Isla, quien trabaja actualmente en la preparación y elaboración del escrito de acusación en contra del único detenido en el caso, dijo que la diligecia se desarrollará durante toda la semana.
Esta diligencia realizada con perros detectores de cadáveres fue articulada en coordinación con el abogado representante de la familia de la víctima y abarca una extensión de terreno no cubierta por anteriores rastreos efectuados por Bomberos o las policías, ubicada en las cercanías del fundo donde trabaja un hermano del imputado.
LA DIFICULTAD
Una de las dificultades que enfrenta la Fiscalía es no contar con el cadáver o los restos de la joven, ni menos un informe de autopsia sobre la causa de muerte y lesiones. En causas de Derechos Humanos por Detenidos Desaparecidos durante la dictadura se ha utilizado la figura de desaparición forzada, elementos que están siendo analizados por el Ministerio Público para la acusación.
Uno de los casos más recordados en la región es el de la pequeña Jocelyn Lagos (de 6 años). En esta investigación el Ministerio Público llevó a juicio en 2007 al padre de la menor, Alvaro Lagos González (de 47 años), acusado de parricidio y fue absuelto por el Tribunal Oral de Angol, que estimó no se configuraba el delito de parricidio porque los restos de la pequeña no habían sido hallados.
En este caso la Fiscalía sostuvo que el imputado retiró a la niña del colegio el 26 de agosto de 2006 tras discutir con su esposa, y luego la lanzó al río. El hombre habría confesado el hecho a Carabineros, pero después se retractó y dijo que la menor cayó accidentalmente al agua cuando intentaba cruzar sobre sus hombros.
A fines de noviembre del 2008 –dos años después– pescadores que transitaban por río Mininco, cerca de Collipulli, encontraron los restos de la menor, pero ya era cosa juzgada.
Pese a que el Ministerio Público no podía acusar nuevamente al padre de la niña por el delito del que fue absuelto, el fiscal le imputó el ilícito de abandono de menor con resultado de muerte y lo llevó por segunda vez a juicio, pero nuevamente fue absuelto en mayo del 2010 en el Tribunal Oral de Angol.
