Senadora Aravena y sus pares piden que el INDH se pronuncie contra la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur

Sucesivos ataques se vienen registrando en la Macrozona Sur en las últimas semanas, donde han resultado destruidos centros de salud, escuelas y recintos religiosos, además de enfrentamientos entre Carabineros y las orgánicas radicales en Temucuicui.

En este escenario, los senadores Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano; José García Ruminot y Rafael Prohens, ambos de Renovación Nacional, presentaron un proyecto de acuerdo, que contó con la firma y el apoyo transversal de otros 25 parlamentarios de la Cámara Alta, en que solicitan al Instituto Nacional de Derechos Humanos un pronunciamiento en contra de la violencia y el terrorismo que se registra en la Macrozona Sur.

Y es que para los legisladores resulta incomprensible que este organismo no se haya referido nunca a la vulneración de los derechos fundamentales que afecta a los habitantes de esa parte del país, considerando, según datos de Carabineros, que de 2018 hasta 2022 se registraron 5.400 hechos de violencia en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y que en el primer semestre de este año ya han ocurrido 551 episodios de igual naturaleza.

En el proyecto, los senadores piden también que el Instituto de Derechos Humanos, de acuerdo a su Ley Orgánica, establezca medidas que contribuyan a promover y resguardar los derechos fundamentales vulnerados en la Macrozona Sur, porque además se trata de principios que están consagrados por Naciones Unidas en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional y la estrategia global contra el terrorismo.

Para los congresistas resulta inverosímil que el organismo encargado de promover y resguardar los derechos humanos en el país no se haya pronunciado frente a un problema tan delicado y de tan larga data, sobre todo, teniendo en cuenta que Chile se ubica en el lugar 17 del índice Global de Terrorismo.

SENADORA ARAVENA

Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena indicó que “cuesta encontrar una explicación que justifique este prolongado silencio del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la violencia y terrorismo que se registra en la Macrozona Sur, donde durante 25 años han sido asesinadas personas a manos de las orgánicas radicales, a muchas otras se les han destruido sus bienes y despojado de sus fuentes de trabajo, sumado a que no se les está resguardando el derecho consagrado por la propia ONU referido a que `todo individuo tiene el derecho a la libertad y seguridad personales´”.

La legisladora agrega que “aquí no sólo se está transgrediendo la Constitución y la legislación nacional, sino que también acuerdos internacionales a los que ha adherido el Estado de Chile, lo que hace doblemente imperioso que el Instituto de Derechos Humanos se pronuncie en esta materia”.

En esa línea, la parlamentaria puntualizó que “estamos frente a una realidad insoslayable de que en el país hay terrorismo, que existen grupos que continúan dedicados a generar violencia y atentados de forma recurrente, y el Estado de Chile tiene la obligación de hacerse cargo de este problema, incluido el Instituto de Derechos Humanos, que fue creado precisamente para resguardar que los derechos humanos sean respetados, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido”.

“Este es un llamado de atención al gobierno y las autoridades para que no siga minimizando lo que ocurre en la Macrozona Sur, y se le otorgue a este problema la relevancia que tiene, actuando en consecuencia, desplegando una estrategia antiterrorista que permita detener el actuar de estas orgánicas y desarticularlas”, afirmó Aravena.

Finalmente, la senadora republicana pidió “terminar con los eufemismos de catalogar la situación en la Macrozona Sur como simples hechos delictuales o de violencia rural, porque mientras no exista una real voluntad política del Estado de asumir que en Chile existe terrorismo, tal como lo reconocen organismos internacionales, se seguirán vulnerando los derechos de los habitantes de esa parte del país”.

“Qué sentido tiene contar con un organismo como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si frente al hecho más grave de vulneración de los derechos esenciales guarda un silencio abrumador e incomprensible”, concluyó la congresista.

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