Araucanía: Empresario sigue en prisión por integrar banda de robo de madera

El recurso de amparo fue presentado por la defensa de Daniel Andrés Salgado Quezada,

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La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó este miércoles el recurso de amparo presentado por la defensa del empresario forestal Daniel Andrés Salgado Quezada, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de asociación ilícita, hurto de madera y delitos tributarios.

“Que, del mérito de los antecedentes acompañados a esta causa y registros de audio respectivos, se desprende que la resolución que impone la medida cautelar de prisión preventiva respecto del encartado, recoge los argumentos vertidos por el Ministerio público y hace suyos los antecedentes hechos valer en la audiencia por el ente persecutor, considerando especialmente, ‘el número de delitos por los cuales han sido formalizados los imputados, el carácter de los mismos, sobre todo el delito de asociación ilícita que afecta no solo el bien jurídico de la propiedad a través de la sustracción de madera, sino también el bien jurídico del orden y seguridad pública por las distintas acciones que despliegan al efectuar dicha finalidad’”, reproduce el fallo.

FALLO UNÁNIME

En fallo unánime la Tercera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional impetrada, al considerar que la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Loncoche, que ordenó la prisión preventiva de Salgado Quezada, se encuentra debidamente fundamentada.

“Agrega la resolución impugnada que ‘No se puede evitar tener en consideración el hecho de haber actuado en grupo o pandilla y que, respecto de don Daniel Salgado Quezada, los delitos tributarios que le han sido formalizados poseen una pena de crimen en los términos en las que se encuentra planteada la formalización y las querellas, tomando en consideración el artículo 97 N° 4, 8 y 9 en relación al artículo 112, todos ellos del Código Tributario’”, añade.

“Con ello, continúa, y no encontrándose refrendadas las alegaciones del amparado en otros antecedentes, la Juez recurrida arribó a la convicción de concurrir copulativamente los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, razonando igualmente, en cuanto a los antecedentes que consideró por la letra c) de la antedicha disposición”, afirma la resolución.

Para el tribunal de alzada, en el caso concreto: “(…) debe recordarse que la resolución cuestionada, fue precedida de debate previo entre los intervinientes, oportunidad en la cual cada parte abordó su teoría del caso, inclinándose en definitiva el Tribunal por la expuesta por la Fiscalía, por lo que estos sentenciadores entienden que considerando la oportunidad y contexto de la dictación de la resolución en comento, ésta resulta debidamente fundamentada”.

“Que, de este modo, es evidente que la resolución recurrida ha sido decretada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones, facultada por la ley en un proceso debidamente tramitado, siendo precedida del correspondiente debate, no existiendo atendida la naturaleza de lo resuelto, amenaza ni perturbación a la libertad personal ni seguridad individual que deba ser corregida por la vía de esta acción, pues no se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad alguna emanada de lo resuelto por la juez del grado, de manera que no constituye una vulneración en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, razón por la cual la presente acción no podrá prosperar”, concluye.

HECHOS IMPUTADOS

Según el ente persecutor, desde el 20 de abril de 2020 a la fecha de la detención (21 de diciembre de 2022), Salgado Quezada y demás imputados sujetos a medidas cautelares diversas, integraban una agrupación liderada por Mijael Carvones Queipul que encubría el origen ilícito de madera que extraían de los fundos San Juan de Adencul, Santa Inés de Adencul, El Cielo I y II y Chiquitoy 1 y 2, de propiedad de la empresa Forestal Arauco, la que luego vendían a aserraderos de La Araucanía y el Biobío, como proveniente del fundo Alaska, ubicado en la comuna de Ercilla, y que pertenece a la comunidad indígena Ignacio Queipul.

En dicho contexto, en el periodo comercial comprendido entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, la empresa Servicios Forestales Dasal Patagonia SpA, a través de su representante legal, el imputado Salgado Quezada, declaró en los formularios N°29, 130 facturas falsas provenientes de ocho proveedores, las cuales daban cuenta de operaciones que no se realizaron, generando un perjuicio fiscal de $239.431.211.

Asimismo, desde febrero a diciembre de 2019, Servicios Forestales Dasal Patagonia SpA, comercializó en forma irregular la cantidad de 47.672,94 metros ruma de pino insigne, sin acreditar dicha adquisición. Periodo en que, además, la empresa emitió facturas de ventas por un total de 20.696,50 metros rumas de madera, en circunstancias que, de acuerdo con su propio registro de compraventas solo habría adquirido 2.500 metros rumas, por lo que 18.196,5 metros rumas de madera no se encuentran acreditados con la debida documentación de respaldo.

El análisis realizado a las facturas que emitió durante el ejercicio comercial 2020, permitió detectar que la empresa vendió 47.913,44 metros rumas de pino insigne, en circunstancias que sus registros solo consignan que adquirió 18.437 metros rumas. Lo que arroja una diferencia de 29.476,44 metros rumas de madera cuyo origen y adquisición no se encuentran acreditada.

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