La abogada en Derechos Humanos, doctora en derecho de la Universidad de Talca y candidata a constituyente por el distrito 23 en entrevista con Golpedigital.cl, Manuela Royo, afirmó que en La Araucanía existe un conflicto y violencia política, pero no terrorismo.    

La docente, defensora de la naturaleza y de los derechos del pueblo Mapuche, se declara feminista, pro-aborto y afirma que sería conveniente legalizar el consumo de marihuana, pero de forma regulada.   

Ella es candidata independiente impulsada por el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente, Modatima.

¿Cómo nace la idea de ir a constituyente?

—A partir de la solicitud de Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima con quienes he  estado trabajando en la defensa del agua, y con quien estuve participando del equipo jurídico de Modatima; y de ciertos procesos que tienen que ver con mi historia de vida y mis logros académicos.

Soy profesora de la Universidad de La Frontera, la Universidad Arturo Prat, y en la Universidad Andrés Bello en derecho, y estoy haciendo mi tesis de doctorado; tengo conocimientos en derecho constitucional, pero también he participado por mucho tiempo de organizaciones sociales, vinculada a la lucha por los derechos sociales y educación popular.

He trabajado de distintos colectivos y decidí estudiar derecho para aportar en la transformación social, lo que me llevó a trasladarme a trabajar a La Araucanía desde hace 10 años, donde trabajé en la Defensoría Pública, en el instituto de Derechos Humanos como abogada, pero también con las comunidades Mapuches en defensa del río Cautín, donde logramos detener una central hidroeléctrica. A partir de esta experiencia de organizaciones sociales y la lucha por los derechos, sumado a mi trabajo como abogada y docente, de escribir y publicar, creo que tengo las capacidades para postularme a este puesto.

—¿Usted va como candidata independiente?

Sí, soy independiente. Siempre he participado de organizaciones sociales, lucha por los derechos sociales y del mundo Mapuche. He realizado asesorías jurídicas a organizaciones pro mapuches, pero nunca he participado de partidos políticos.

—La hemos observado en audiencias defendiendo a dirigentes mapuches y queremos saber su opinión sobre el último allanamiento que hubo en Temucuicui.

—Conozco la realidad de Temucuicui hace años, junto al werken Mijael Carbone viajamos el 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar los casos de violencia contra niños y adolescentes mapuches por parte del Estado. Mostramos videos de niños que sangraban, de niños que incluso habían sido baleados en Collipulli y un sinnúmero de casos que me tocó ver en el INDH; ese día recibimos la noticia cuando la gran mayoría de la comunidad se encontraba en Angol atentos al veredicto por el asesinato de Camilo Catrillanca; se nos informa que se estaba realizando un allanamiento en Temucuicui, de hecho habían mujeres y niñas que se habían quedado en las casas.

Se decidió hacer un allanamiento masivo, una “lamien” que se encontraba con nueve meses de embarazo y que estaba en su casa con su hija vio desde lejos que entraron camiones aljibes y luego unas camionetas con banderas azules y de otros colores, cada una iba a allanar una casa lo cual generó mucho miedo, se allanaron cuatro domicilios con más de 850 efectivos de la policía, y en ese contexto en que pierde la vida Luis Morales Balcazar, funcionario de la PDI que se encontraba de servicio. Se realizaron allanamientos a casas donde escuchamos por audios como se amenazaba de muerte a una niña.   

  

Manuela Royo junto al hermano de Luis Morales Balcazar en Temucuicui.

—Tras el allanamiento la policía mostró armamento y droga ¿Qué lectura hacen de esta situación, porque algunos dirigentes señalaron que estos elementos no fueron incautados en la comunidad y que en Temucuicui no se produce droga, sin embargo, hay personas detenidas y especies?

—No puedo decir que ninguna cultura esté exenta de personas que estén imputadas o personas vinculadas alguna investigación criminal, eso puede pasar en una comunidad, como en cualquier ciudad de Chile, de eso pasa todos los días. Otra cosa significa un procedimiento en que estas supuestamente buscando plantas de marihuana, lo cierto que en la búsqueda de marihuana se utilizan 850 efectivos en un procedimiento absolutamente desproporcionado, creo que hay una planificación detrás que tiene que ver con elevar los niveles de un conflicto poniendo por delante a personas que trabajan en instituciones públicas, a personas que viven en comunidades cuando en la práctica tienes hoy a personas que quieren beneficiarse con esta situación son precisamente y a mi juicio sectores de la derecha no reaccionaria que busca generar una explosión de caos y violencia, y con ella generar más terror y sembrar a partir de la violencia esta construcción de un enemigo.

Creo que eso es complejo porque en la práctica hay que superar esta situación y lo que se intentó hacer ese fin de semana (con la visita de la familia del PDI) fue crear instancia de diálogo, pero la derecha suele atacar a través de un diario diciendo que la hermana había dicho que no había una relación familiar en circunstancias que esa información proviene, y es lo que La Tercera omite, de un abogado de la PDI que presenta ese recurso y claramente un conflicto latente y no hay una voluntad política, a mi juicio, de querer superar esta situación.

Nosotros tenemos experiencia como Estado de relación con el pueblo Mapuche, el ex Presidente Patricio Aylwin firmó en 1989 el tratado de Nueva Imperial, lo que hizo es acordar y comprometerse como Estado chileno que iban a ratificar el Convenio 169 y se iba a crear una Comisión de Verdad y Justicia, y además se iba a reconocer constitucionalmente al pueblo Mapuche; hasta la fecha no se ha cumplido este acuerdo en cuanto al aporte del pueblo Mapuche hacia la transición supuestamente democrática y es complejo porque hoy existe una intencionalidad política de generar más violencia y que se confronta a ciertas posibilidades de dialogo para superar lo que pasó el siete de enero.

Quién es el responsable de toda esta situación, se habla de la responsabilidad de la PDI por haber organizado mal el operativo; se habla que el Estado criminaliza y persigue, que no hay apertura al diálogo, y por otro lado que los fiscales no van a los operativos, no hay un ministro de fe ¿Cuál es su lectura de estos hechos?  

—Es un problema bastante complejo, en lo personal también litigo como abogada, querellante y a veces defensora, y creo que esto trasciende como responsabilidad del fiscal que le tocó trabajar ahí, o del juez y del defensor, tiene que ver con cosas que provienen de más arriba y que se materializan como en las injusticias y cuando se toman decisiones políticas, por ejemplo, de realizar un allanamiento de estas características con personas que no sabían a lo que venían, porque leí en las redes sociales que policías señalaron que no sabían a lo que iban cuando escucharon que ingresarían a Temucuicui en el día del veredicto del caso Catrillanca; dijeron dónde nos estamos metiendo, entonces ahí hay una responsabilidad del Estado, porque en definitiva el funcionario perdió su vida en un acto de servicio, por lo que hay responsabilidad estatal.

—¿Usted está de acuerdo que la muerte del funcionario tiene que investigarse y de qué forma se está cooperando de parte de la comunidad de Temucuicui tomando en cuenta que se reunió el padre de Camilo Catrillanca con familiares del detective fallecido?

—Sí y no solamente ellos, también está el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos junto a su equipo, estaba el defensor regional, la defensoría penal pública, el defensor jefe de la Defensoría Penal Mapuche, habíamos bastantes abogados; muchas personas  intentamos hacer un espacio para la construcción de propuestas colectivas para la superación de este conflicto, que en definitiva era lo que teníamos que hacer.

“Lo cierto que en la búsqueda de marihuana se utilizan 850 efectivos en un procedimiento absolutamente desproporcionado, creo que hay una planificación detrás que tiene que ver con elevar los niveles de un conflicto poniendo por delante a personas que trabajan en instituciones públicas”…

Manuela Royo, abogada.

—¿Por qué cuesta tanto lograr la paz social en La Araucanía y cuál es su propuesta como constituyente?

—Sucede que como en muchos conflictos esto es la punta del iceberg, es decir, nosotros simplemente vemos la violencia, el conflicto y la falta de entendimiento. Pero debajo hay una gran cantidad de temas que no están resueltos, creo que en primer lugar es muy importante que exista un reconocimiento de la deuda histórica que existe por parte del Estado chileno con el pueblo Mapuche. Entiendo a las personas que dicen que son dueñas de esta tierra y tiene sus papeles, pero el conflicto a mi juicio no tiene que ver con los personas campesinos puedan vivir, sino quienes hoy se encuentran usufructuando de grandes cantidades de tierra, que son las empresas forestales. El pueblo chileno no es el dueño de las empresas forestales, sino la forestal Arauco que es Mininco, el grupo Angelini y Matte; no es un problema entre pueblos, es un tema de un conflicto entre un proyecto de inversión, entre un modelo económico.

—Existe una situación de violencia que se arrastra por muchos años en La Araucanía y parte del Biobío y va en aumento ¿Cuál es su mirada tomando en cuenta que hay un detective fallecido, un carabinero fallecido,  comuneros fallecidos como Camilo Catrillanca; Alex Lemún, etc?

—Existe una violencia subterránea que es muy fuerte, que tiene que ver en primer lugar que el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno pasa por fases muy fuertes. En tiempos de la Colonia el pueblo Mapuche y la corona española firmaban tratados internacionales, existió una política intercultural o plurinacional, y está en los parlamentos. Durante mucho tiempo, incluso se firmó en 1825 el tratado de Tapihue, que establecía que iba a existir una frontera en el río Biobío, en la jurisdicción donde el pueblo Mapuche ejercía su cultura, su política y forma económica, y el gobierno de Chile de entonces. Este tratado fue incumplido cuando se desarrolló la guerra del Pacifico dirigidos por Cornelio Saavedra y por otro lado las batallas del desierto en Argentina que fue un acto político dirigidos por los Estados que consideraban que los grupos indígenas se encontraban en una situación de barbarie.

Actualmente hay que poner el foco en lo que está debajo que es la diferencia de entender lo que es el mundo y el territorio, que se da entre un Estado subsidiario, entre empresas dedicadas a la extracción forestal y un pueblo que se encuentra en un proceso de protesta social por la recuperación de territorios ancestrales.

Manuela Royo se declara feminista y pro-aborto.

—¿Hay terrorismo en La Araucanía?     

—En el 2014 Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por utilizar discursos discriminatorios en contra del pueblo Mapuche por aplicar la Ley Antiterrorista. Y el 2016 la Corte de Apelaciones de Temuco condenó en el caso Luchsinger Mackay por incendio terrorista, y fue la Corte Suprema la que anuló esa parte del fallo y que dijo que en Chile no se debía aplicar la Ley Antiterrorista al pueblo Mapuche; es interesante pensar sí en La Araucanía existe terrorismo, creo que no hay terrorismo, lo dice la Corte Suprema y la Corte Interamericana; si hay un conflicto político y violencia política, pero terrorismo no, es importante y delicado no optimizar este tipo de discursos de odios para abordar un conflicto que tiene que ver con muchas más variables.

—En verano se produce una situación de sequía muy potente en varias comunas de La Araucanía, donde la gente no tiene acceso al agua ¿Cómo se puede explicar eso en una región rica en afluentes?

—Es paradigmático pensar que en La Araucanía llueve todo el invierno, pero en el verano las comunidades y muchas personas tienen que recibir agua en camiones aljibes porque no tienen agua, porque los ríos y los pozos se secan, entonces hay un problema real de acceso al agua en muchos lugares. La sequía está dentro de un contexto más amplio que tiene que ver con escases hídrica.

La falta de agua no es solamente producto del cambio climático, también tiene que ver con el actuar humano que llega a que exista una inversión de monocultivos que consumen una gran cantidad de agua, por ejemplo, los eucaliptos que consumen mucho líquido y que además generan erosión en la tierra, se suma los efectos que generan los mecanismos que se utilizan para extraer lo que finalmente quiebran este ciclo hidrológico, lo que dificulta que las comunidades y otras personas puedan acceder a un derecho humano que es el agua, lo que tiene que ser reconocido como tal en la nueva Constitución y que también se modifique el Código de Aguas de 1981 que es contrario a los estándares internacionales.

—Es la región hay muchas familias conocidas que tienen muchos derechos de agua.

Precisamente para constituyente se presenta como candidato Antonio Walker, ex ministro de Agricultura; él y su familia poseen como 19 mil litros de agua por segundo, es decir, son dueños de más agua que pueden tener miles de personas. Entonces si va ser ese señor que va escribir la nueva Constitución estamos mal; es muy importante relevar el tema del agua como un ejemplo muy claro de lo que no quiero.       

—Cuál es su opinión respecto a los candidatos para la constituyente, muchos de ellos provenientes del mundo del espectáculo.

—No puedo deslegitimar a nadie, pero hay que ser consciente que por algo la población votó por la Convención Constituyente, porque no quieren elegir a las mismas personas de siempre, como mujer e independiente creo que soy mucho más capaz de entender lo que se vive en la realidad. He vivido en sectores populares, he trabajado en comunidades, porque puedo entender lo que requieren las personas para estos cambios; es importante personas que representan el mundo real, los que salimos a la calle para hacer cambios a este modelo. Por eso es necesario votar en forma consciente.

—Después del estallido se pensó en un Chile nuevo ¿Cómo te imaginas este nuevo país?   

—No se va a transformar el universo al modificar la Constitución, no va a caer en capitalismo, pero si nos podemos acercar a un país neoliberal, donde las comunidades puedan ejercer sus derechos y tengan instituciones que defiendan  sus derechos, que exista una defensoría del pueblo, del medio ambiente, donde también las comunidades puedan tomar sus propias decisiones y si hay representantes que no son consecuentes con lo que ofrecen que puedan ser revocados (…) tenemos que apuntar a un Estado que no sea el único monopolio en la toma de decisiones, que no sea el mercado que toma las decisiones respecto a los precios de los remedios y precios de los alimentos, sino que sean las comunidades y el Estado las proteja.   

—¿Se declara feminista?     

—Creo que la igualdad tiene que ser real, porque creo que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a tener una vida plena y feliz.

—¿Es proaborto? Si fuera constituyente generaría espacios para aprobar el aborto.   

—Sí claramente las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo y cómo queremos ejercer la maternidad, muchas veces se impone desde el Estado y desde las divisiones a las mujeres que decisión deben tomar sobre sus cuerpos; aquí hay un Estado que no se hace cargo de los problemas sociales y cada vez hay más niños en las calles, más delincuencia, más droga y más maternidades que no son deseadas,  criminizarlos es lo peor que se puede hacer; es necesario el derecho que las mujeres puedan decidir respecto a su maternidad, si quiere ser deseada o no, respetando a quienes sí la desean y garantizando que puedan ejercer todos sus derechos y de cuidar a sus hijos. Y que además vaya acompañado de algo  esencial que es la educación sexual.

—¿Cuál es su opinión sobre la legalización de la marihuana?

—He viajado a países como Canadá, en Montreal donde existen farmacias que proveían de cannabis a personas que la necesitaban tanto para uso terapéutico, como para uso recreacionales con una cuota indicada, te brindan información en cuanto al uso y es muy regulado para personas mayores de edad, allí no había gente drogándose en las calles, la misma situación en Uruguay; hoy estamos capacitados para poder legalizar el consumo de la cannabis, porque es una realidad que debemos asumir y no debemos seguir abordando las problemáticas sociales desde la criminalización, no es posible que por plantar una planta te detengan y te allanen tu domicilio, me parece que es como algo de la inquisición y no acorde a la realidad.

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