En La Araucanía el miedo y el terror se ha instalado en algunos sectores como una pandemia más poderosa que el Covid-19. Allí, en pequeños villorrios donde abunda la pobreza y el desamparo, las ráfagas de armas de grueso calibre interrumpen la tranquilidad de la noche, especialmente de grupos organizados que sin piedad han asesinado a cinco personas en menos de cuatro meses.
El jueves siete de enero pasado fue ultimado a balazos el agricultor Orwal Casanova en Victoria. Y el mismo día, pero con horas de diferencia fue abatido de un disparo en la cabeza el inspector de la Policía de Investigaciones, Luis Morales Balcazar. Este último, junto a unos 800 efectivos, participó de un gigantesco operativo antidrogas en la comunidad de Temucuicui de Ercilla, que además dejó 11 efectivos heridos, dos de ellos graves.
Pero ya el Gobierno y el Ministerio Público habían sido alertadas del uso de armamento de guerra en estos sectores apartados y del alto poder de fuego que hay en las zonas rurales de las comunas como Ercilla, Collipulli, y Victoria.
Meses antes del fatídico siete de enero del 2021 las señales a las autoridades fueron entregadas a sangre y fuego. Con armamento de grueso calibre fue asesinado el tractorista Pedro Cabrera, quien recibió un impacto de un calibre 7.57, munición de fusil. A él se suma el parcelero Pablo Burgos, que fue asesinado por un grupo que utilizó diversos tipos de armas de fuego y el cabo segundo de Carabineros Eugenio Naín Caniumil, ultimado con una munición de fusil calibre 5.56.
¿Si las autoridades manejaban esta información por qué se decide realizar un gigantesco operativo en el sector de Temucuicui, considerado el corazón de la zona roja de La Araucanía?
200 VEHÍCULOS y 800 EFECTIVOS
El jefe nacional de la institución, Héctor Espinoza, dijo que se reclutó a efectivos de diversas regiones del país para realizar lo que sería el operativo policial más grande del que se tenga conocimiento en la zona. Pero todo indica que los análisis previos al operativo fallaron o fueron imprecisos. Literalmente los 800 efectivos fueron llevados a una especie de coto de caza, a una boca de lobos.
A las 11:00 de la mañana del siete de enero del 2021, dos helicópteros, 200 vehículos, 800 funcionarios, salen de Angol y la caravana avanza por la ruta hacia Collipulli, donde toman la Ruta 5 Sur hasta el cruce que permite el ingreso a Temucuicui.
En cumplimiento a una orden de entrada, registro, incautación y detención, emanada de los Juzgado de Garantía de Collipulli y Victoria, los cientos de automóviles desfilaron para ingresar a las comunidades levantando el polvo del camino de ripio que permite el acceso a la comunidad, donde debían allanar 12 inmuebles, pero solo alcanzaron a revisar cinco de ellos.
Esta diligencia es solo comparable con los allanamientos a las comunidades realizados en la llamada Operación Paciencia, en el gobierno de Ricardo Lagos, bajo la mirada del subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, donde por primera vez se mostraron las tanquetas Mowag que Carabineros mantenía ocultas en los cuarteles de Angol.
El ingreso al sector donde se ubican las comunidades Tradicional y Autónoma de Temucuicui así como a otras aledañas, se realiza a través de un camino agreste, estrecho, de ripio, donde se deben enfrentar diversas bifurcaciones, cruces y caminos forestales sin salida, es un verdadero laberinto para quienes vienen de afuera. Y también un escenario de mil batallas.
Un viejo policía comenta que “no resulta recomendable bajo ningún punto de vista meterse al bosque persiguiendo a un lugareño, lo más probable es que no salgas para contarlo, ellos conocen cada rincón del lugar donde nacieron, y eso se convierte en una ventaja insoslayable, más si ha recibido instrucción para manejar armamento de guerra”, pero todo indica que esto no lo meditó en profundidad el equipo táctico que organizó el allanamiento.
El general director de la PDI, Héctor Espinosa, detalla que “fueron 800 efectivos que trajimos de diversas zonas del país, teníamos claro que la organización criminal tenía alto poder de fuego y teníamos claro que debíamos hacerlo con toda esta capacidad”.
En tanto, el Ministerio Público informa que el procedimiento se enmarca en una investigación que se desarrolla desde hace ocho meses por los delitos de tráfico de drogas, cultivo de cannabis, tráfico de armas, de municiones, homicidio frustrado contra carabinero y homicidio consumado entre bandas rivales.
Los efectivos, que integraban un verdadero ejército, llegaron de las regiones aledañas y también del norte del país. Luis Morales Balcazar, abatido de un disparo en la cabeza cuando el contingente ya se retiraba del sector, provenía de la dotación de Iquique y llegó a Angol para participar de este allanamiento como miembro del Equipo de Reacción Táctica (ERTA).
El operativo se hizo el mismo día en que el Tribunal Oral en lo Penal de Angol entregó su veredicto condenando a siete ex carabineros por diversos delitos y a uno de ellos por el homicidio del joven comunero, Camilo Catrillanca, hecho ocurrido el 14 de noviembre del 2018 en un operativo realizado por el Gope de la policía uniformada muy cerca del allanamiento realizado por el “ejército” de efectivos de la PDI.
Al ser consultado, el fiscal regional, Cristian Paredes, por qué el gigantesco allanamiento –sin precedentes en la zona– se había realizado el mismo día de la lectura del veredicto, éste precisó que “un procedimiento de estas características lleva mucho tiempo programarlo y que coincidiera con la lectura del veredicto en el caso Catrillanca, es absolutamente accidental. El veredicto debía entregarse el 28 de diciembre y no ocurrió por causas ajenas al Ministerio Público, porque un abogado de las defensas presentó una licencia médica”.
El miércoles seis de enero el Tribunal Oral de Angol le comunicó a los intervinientes que la lectura del veredicto se haría al otro día, el jueves siete, extremadamente rápido para un juicio de esta magnitud. Si bien la fecha de lectura no se podía modificar, sí era posible aplazar un día más el operativo, pero no se hizo, ¿Por qué?
Fuentes consultadas por Golpedigital.cl precisan que el análisis interno de la policía debió concluir que ese jueves gran parte de los miembros de la comunidad (Tradicional y Autónoma) estarían viajando a Angol para presenciar el veredicto en el caso Catrillanca, lo que facilitaría el ingreso y salida del contingente policial a los inmuebles. Pero el análisis falló.
Y no solo falló el análisis, también la estrategia, 800 efectivos en una zona rural, muchos de ellos sin conocer el sector y sin tener experiencia en operativos similares en la zona, se convirtieron en blanco fácil de tiradores entrenados que conocen el territorio como la palma de su mano. Pudo haber sido una masacre.
Esta investigación es dirigida por el fiscal Enrique Vásquez, quien no participó del masivo allanamiento a la comunidad mapuche, es decir, no existe ningún testimonio en terreno para detallar cómo se realizó la diligencia, no existe la visión de un ministro de fe que permita establecer qué fue realmente lo que pasó esa mañana del fatídico siete de enero del 2021.
Desde la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía se precisa que “los fiscales no participan desde un punto de vista operativo, ni en la planificación ni en los allanamientos, eso es labor policial. Sin embargo, es una investigación que dirige el fiscal Enrique Vásquez y tal como se ha hecho en otros operativos, él estuvo en el puesto operativo dispuesto para la diligencia (en el cuartel de la PDI en Victoria), junto a otros fiscales y las jefaturas de la PDI, monitoreando en tiempo real el desarrollo de la diligencia. Aparte de él otros 5 fiscales participaron”.
En el operativo hubo dos mujeres detenidas, quienes fueron formalizadas por el delito de tráfico de drogas, y el Juzgado de Garantía de Collipulli decretó la cautelar de prisión preventiva. En la casa de las imputadas la policía encontró 16 plantas en dos invernaderos, 80 plantas secas, y dos kilos y medio de droga procesada. A lo que se suman 88 plantas de marihuana y 334 gramos de la droga procesada.
El subprefecto de la PDI de Angol, Hendrik Kopmels Miranda, detalla que en el procedimiento se incautaron “1.270 plantas de cannabis, 40 kilos de marihuana a granel, 12 millones de pesos en efectivo, que corresponden a la venta de droga, diez armas de fuego, entre ellas una subametralladora UZI, revólveres, pistolas, entre otras”.
LOS CINCO CRÍMENES SIN RESOLVER
Hasta ahora los esfuerzos del Ministerio Público y de las policías han resultado infructuosos para dar con los autores de los crímenes del tractorista Pedro Cabrera (49 años), el parcelero Pablo Burgos (de 76), del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín (de 24), el agricultor Orwal Casanova Cameron (de 70) y Luis Morales Balcazar (de 34 años).
Cinco hechos de sangre que han dejado una estela de dolor en las familias de las víctimas, pero también una sensación de impunidad en la opinión pública, ya que hasta la fecha en ninguno de los cinco casos hay detenidos o imputados por parte de la Fiscalía.
Pedro Cabrera vivía en un pequeño terreno del sector Surco y Semilla de Curaco en la comuna de Collipulli, que le había cedido su padre. Allí había construido su casa que habitaba junto a su esposa Yeni Flores y sus dos hijas.
El tres de octubre del año pasado, a eso de las 16 horas con 15 minutos, los trabajadores del parque Eólico que se construye en el Fundo Agua Buena, ubicado a la altura del kilómetro 16.200 de la Ruta R-49, terminaron su jornada y se retiraron en un furgón.
Según los antecedente policiales y judiciales recopilados por Golpedigital.cl, los trabajadores son interceptados por otro vehículo en cuyo interior van ocho sujetos, quienes premunidos de armas de fuego los intimidan y obligan a descender del móvil.
Luego el grupo armado los ataca, lanzando un artefacto incendiario y explosivo al furgón (bomba molotov), el que resulta totalmente consumido por las llamas, los trabajadores logran escapar con vida por milagro.
En ese instante al lugar llega una camioneta marca Mitsubishi, en contra de la cual los mismos sujetos efectúan disparos, los que impactan en el parachoques delantero del vehículo.
Por la misma vía transita a esa hora un tercer vehículo, una camioneta marca Mitsubishi, conducida por el tractorista del predio, Pedro Cabrera, quien tras una larga jornada se dirigía a su casa, donde lo esperaba su familia. En ese momento los ocho sujetos armados abren fuego en contra del chofer y uno de los proyectiles de fusil de guerra impacta en la cabeza del conductor, provocándole lesiones graves que le causan la muerte.
En el lugar donde fue asesinado Pedro Cabrera fue dejado un lienzo con la leyenda: “Si no hay libertad no habrá paz, marrichiweo, libertad a los PPM Angol”, según consigna el parte policial de Carabineros.
Yeni Flores, esposa del tractorista asesinado, clama justicia por el crimen de su cónyuge. Allí, en su modesta vivienda del sector de Surco y Semilla los recuerdos de su marido afloran en cada rincón.
El sector donde vive Yeni muestra el contraste que revela la pobreza que golpea a la región. El día en que el dueño de casa fue asesinado, la hija mayor del matrimonio se había trasladado hasta Collipulli para hacer unos trabajos porque el Internet no llega a Surco y Semilla, pese a que a unos metros se está levantando un parque eólico con una inversión multimillonaria.
Esta dueña de casa y ahora jefa de hogar confiesa que la búsqueda de Justicia para su conyugue se ha tornado lenta, incluso la ve lejana, porque pese a sus intentos por hablar con el fiscal que lleva la causa y pese que el caso de Pedro Cabrera es uno de los crímenes más violentos del último tiempo, éste no la ha recibido en su oficina, argumentando diversas excusas.
“He pedido audiencia para hablar con el fiscal en dos ocasiones, pero las dos fueron pospuestas por el fiscal, una fue porque tenía la agenda copada y la otra por un supuesto caso de Covid-19, para el 15 de enero me dieron hora, pero estamos en veremos porque creo que este mes sale de vacaciones”, relata Yeni, esperando que el funcionario del Ministerio Público se digne a recibirla.
Esta madre de dos hijas pide a las autoridades que “se haga justicia, que se detenga a los autores tanto materiales como intelectuales del asesinato de mi marido”, pero hasta ahora no hay imputados.
Cuando se pensaba que este hecho se sangre había marcado un antes y un después respecto al accionar de grupos armados que operan en la zona, el 12 de noviembre de 2020, nuevamente el sector rural de Surco y Semilla de tiñó de rojo, esta vez un grupo armado cobró la vida del parcelero Pablo Burgos Bustos (de 76 años).
Según antecedentes recopilados por Golpedigital.cl, esa madrugada personal de Carabinero recibió un llamado telefónico de parte de un lugareño, quien le señaló que había escuchado disparos cerca de su domicilio.
Los efectivos tomaron contacto con Juan Burgos, quien relató a la policía que su padre había sido atacado con armas de fuego en su casa ubicada en la parcela N°30 del sector Surco y Semilla, indicando que se encontraba tendido en el piso de su domicilio.
Una vez en el lugar, Carabineros constató el deceso de Pablo Burgos, quien vivía en la parcela N° 30 del Sector Surco y Semilla al interior del kilómetro 14,700 de la Ruta 49 camino a Pemehue. La víctima presentaba un impacto de bala en la parte superior del hombro izquierdo.
El testigo dijo a la policía que a las 1:50 horas desde su domicilio pudo escuchar a los perros ladrar insistentemente, para luego oír alrededor de siete disparos, levantándose inmediatamente para dirigirse a la casa de su vecino. Cuando llegó al domicilio vio el cuerpo del dueño de casa y que en uno de los costados había sangre.
La policía pudo determinar que el inmueble de la víctima presentaba múltiples impactos de balas, así como señales de registro. Un vehículo que estaba en el lugar también presentaba impactos de proyectiles, lo que revela el ensañamiento con que actuó el grupo.
“A mi padre lo mataron como un perro”, dice Juan Burgos, hijo del parcelero asesinado, quien no oculta su rabia y su descontento con el trabajo del Ministerio Público, las policías y el Gobierno.
“Nosotros como familiares del agricultor Pablo Burgos Bustos asesinado por terroristas el 12 de noviembre del 2020, reclamamos que aún hasta la fecha no hay culpables ni detenidos, estamos esperando respuesta del gobierno que aún no se ha pronunciado con la familia, tienen en el olvido lo ocurrido hace unas semanas, la investigación avanza, pero aún no tenemos un informe concreto que nos pueda decir qué fue lo que ocurrió esa noche”, asevera Juan Burgoss.
Hasta ahora para la familia de la víctima existe claridad que un grupo de sujetos armados, portando armas de diferente calibre, se trasladó hasta el inmueble del parcelero con las intenciones de asesinarlo, ya que el inmueble presenta impactos de proyectiles de diferentes dimensiones.
El golpe ha sido duro para esta familia porque Pablo Burgos habitaba una casa que sus hijos le construyeron para que pasara sus últimos años de vida en el campo. Allí recorría los sembrados, reparaba cercos, realizaba múltiples labores como un campesino experimentado. Las huellas de la casa donde ocurrió el crimen dan cuenta que intentó defenderse contra el ataque brutal y despiadado, pero no pudo ante la balacera incesante que recibió en medio de la noche.
Pero en La Araucanía parece haber un monstruo sediento de sangre y dolor, que nada lo satisface. El 30 de octubre de 2020 fue ultimado con un arma de guerra el cabo segundo de Carabinero, Eugenio Sebastián Naín Caniumil (de 24 años), cuando patrullaba el sector de Metrenco en la comuna de Padre Las Casas.
Ese día en la mañana personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros dio cumplimiento a una orden del Tribunal de Garantía de Temuco, a petición de Ministerio Público, que autorizó la diligencia de desalojo de todas aquellas personas o grupo de personas que se encontraran al interior del predio “Quinta Ritz” ubicada al costado de la Ruta 5 Sur, a la altura kilómetro 685 cercano a Metrenco.
Según la información recopilada por Golpedigital.cl, el predio desde los primeros días del mes de agosto de 2020, se encontraba ocupado por diversas personas quienes además ocasionaron daños al interior del inmueble.
Al recibir la orden del tribunal, personal de Carabineros realizó dicha diligencia de desalojo alrededor de las 07.40 horas del 30 de octubre de 2020, que finalizó a las 08.50 horas, siendo entregado el terreno al representante de la víctima.
Después del desalojo, sujetos desconocidos se manifestaron por dicha diligencia, interrumpiendo el tránsito a través de la instalación de neumáticos en combustión en la Ruta 5 Sur, a la altura del puente Metrenco.
Esa mañana el cabo segundo de Carabineros patrullaba el sector como conductor de un vehículo de la Prefectura de Carabineros de Cautín y al percatarse de los hechos concurrió al lugar.
En ese momento un grupo de sujetos desconocidos efectuaron disparos en contra de los policías que se trasladaban en dicho vehículo con armamento de guerra, los que impactaron al cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil, destrozando gran parte de sus órganos, provocándole la muerte mientras recibía atención médica en el Hospital Regional de Temuco.
El funcionario policial dejó a su esposa y a sus dos hijos (de seis años y nueves meses de vida). En este caso, pese a las diligencias que realiza personal del OS-9 de Carabineros y el Ministerio Público, no hay detenidos ni imputados.
Dahianna Pereira Soto, cónyuge del efectivo policial asesinado, clama justicia y le pide a las autoridades dar con los responsables del asesinato de su esposo, quien recién comenzaba una carrera en la policía uniformada y a formar su familia.
Esta joven madre reparte su tiempo entre sus dos hijos, principalmente con el más grande, quien a menudo pregunta por su padre. Y el resto lo ocupa para visitar el Cementerio Monte Verde de Temuco, donde descansan los restos de su esposo.
El viernes pasado el abogado Luis Candia, quien representa a la viuda del carabinero Eugenio Naín, ingresó al Juzgado de Garantía de Temuco una querella por homicidio calificado, solicitando diligencias.
En estos crímenes la Intendencia de La Araucanía también se ha hecho parte a través de querellas. En el caso de Pedro Cabrera se invocó la Ley Antiterrorista. Pero pese a la presentación de los escritos, las causas no han avanzado con la rapidez que esperan los cercanos a las víctimas.
El Gobierno central también ha intentado mantener las aguas tranquilas, principalmente con los familiares de las víctimas, a dos de las cuales les entregó subsidios para obtener su casa propia (Cabrera y Naín). Pero para algunos gremios, los subsidios entregados no solucionan ni reparan el daño causado por los grupos armados y organizados que siguen operando.
La mañana del siete de diciembre fue ultimado de un disparo el agricultor Orwal Casanova Cameron (de 70 años) en el sector de Selva Oscura de la comuna de Victoria, en La Araucanía.
A través de una carta la familia precisa que “se nos va un luchador de la libertad, nos deja un patriota y un hombre de familia. Pedimos, no, exigimos al Estado de Chile que cumpla con la obligación que le demanda la Constitución, garantizar la seguridad de los habitantes y hacer respetar el Estado de derecho”.
“Se ha permitido por años que el narcoterrorismo se enquiste en la provincia bajo la falsa fachada de la causa mapuche; y el miedo y el dolor han ido esparciéndose por años. Y muy pocos le han hecho frente”, agrega el escrito.
En el caso de Orwal Casanova, la información preliminar indica que el agricultor tenía en su poder un fusil de caza y un revólver, ambas armas habrían sido disparadas en a lo menos dos ocasiones. La Fiscalía está a la espera del protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal de Temuco.
En tanto, en el crimen del inspector de la PDI, Luis Morales Balcazar, el fiscal con dedicación exclusiva, Carlos Bustos, se encuentra analizando las imágenes de las cámaras que portaban los efectivos el día en que se realizó el allanamiento, se cree que hay decenas de tomas de lo ocurrido esa mañana.
Uno de los problemas que enfrenta el fiscal Bustos y que torna compleja esta investigación para dar con él o los responsables, es que el efectivo policial recibió un impacto en la cabeza, con salida de proyectil y no existen restos de la bala para determinar el tipo de armamento.
La tensión que se vive en la zona se ha agudizado en los últimos días. En un comunicado la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) que agrupa a los agricultores, le pide al Ejecutivo que autorice a los agricultores a tener armas para la autodefensa y que el Ejército se haga cargo de la seguridad en las comunas más conflictivas.
Al respecto, Federico Aguirre, abogado jefe del Instituto de Derechos Humanos de La Araucanía, es claro en sostener que el INDH no puede presentar acciones legales en el caso de los homicidios ocurridos en La Araucanía, porque no se trata de una acción realizada por agentes del Estado.
Cinco crímenes que aún están en la impunidad y que han puesto a prueba las capacidades que tienen las policías y el Ministerio Público para indagar este tipo de hechos perpetrados con armamento de guerra, en zonas rurales, donde impera el miedo a las represalias y el código del silencio.
En medio de estos hechos de sangre que han convertido estos últimos meses en los más violentos del último tiempo, principalmente por el poder de fuego mostrado por grupos armados y organizados, se comenta adentro y afuera del Ministerio Público de La Araucanía, que el fiscal regional Cristian Paredes dejaría su cargo antes de terminar su periodo (agosto del 2021) para asumir un cargo en la Región Metropolitana.
Al ser consultados sobre este dato, desde la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía precisaron que no hay antecedentes al respecto y que el fiscal regional está preparando su cuenta pública para el 28 de enero.
