La Corte Suprema confirmó la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el recurso de protección que presentaron tres empresas inmobiliarias y algunos corredores de propiedad en contra de la ordenanza municipal que busca regular los alojamientos turísticos irregulares e informales.

El abogado José Montalva – exgobernador de Cautín– recurrió al máximo tribunal de justicia para intentar revertir el fallo del tribunal de alzada, pero la Suprema dio no ha lugar a la petición.

La resolución del 15 de octubre fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros (as) Sergio Muñoz G., Maria Sandoval, Angela Vivanco, Adelita Ravanales y el abogado integrante, Pedro Pierry.

El recurso desestimado apuntaba a que la ordenanza era contraria a algunos derechos fundamentales como la protección de la vida y datos privados; el derecho a emprender un negocio lícito; el derecho a la propiedad privada y la inviolabilidad del hogar, entre otras.

Al respecto el tribunal de alzada consideró que la normativa no atenta en contra de los mencionados derechos y que la municipalidad local tiene facultad constitucional para normar la actividad turística, lo que fue confirmado por el máximo tribunal de justicia del país.

“Las regulaciones contenidas en la Ordenanza Municipal no difieren, en lo esencial, de aquellas definiciones, conceptos, reglas y disposiciones de la Ley 20.423 y de su Reglamento, y que los probables excesos que se le atribuyen no son contrarios a las normas de la ley, porque no disponen condiciones, requisitos o exigencias que contradigan el texto legal, por lo que no se configura infracción a la legalidad, ni tampoco excede sus facultades regulatorias que antes se han determinado para que los municipios puedan normar, en términos generales, aplicables a todos los ciudadanos, la actividad económica dentro de su comuna”, dice el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco y que confirmó la Suprema.

La ordenanza busca restringir el arriendo, principalmente, de departamentos en condominios destinados a segunda vivienda e impone multas —tanto para quien adquiere el servicio como para el que lo ofrece—que van entre los $50.000 y $250.000. Y para eso, la ordenanza, posibilita acceder a registros públicos de aplicaciones de alojamiento como Airbnb o Booking. La misma municipalidad aclaró, en su momento, que la idea no es ir en contra de las familias locales que arriendan sus casas en verano o los emprendimientos en vías de regularizar. De hecho, la ordenanza entrega un espacio para regularizar emprendimientos turísticos de alojamiento.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí